Argentina es el primer país en el mundo donde se ha esgrimido la ley antiterrorista contra un periodista por informar el desarrollo de una huelga policial por mayores salarios el año pasado. Juan Pablo Suárez, director del diario digital Ultima Hora de la provincia de Santiago del Estero en Argentina, fue detenido sin orden judicial por 10 días en un calabozo de un metro por un metro y medio con otras cinco personas por cubrir el acuartelamiento de la policía de su provincia. Luego, se le imputó el cargo de “sedición”. A cinco meses y medio de la huelga, el fiscal federal de la causa pidió aplicar también la ley antiterrorista. Esta ley duplica las penas. Suárez podría cumplir una pena de entre 6 a 12 años de cárcel. Se le imputa haber “incitado a la violencia colectiva agravado por la Finalidad de Aterrorizar a la población”.
Organizaciones periodísticas nacionales e internacionales condenaron el pedido de aplicación de la ley a periodistas. Camille Soulier de Reporteros sin Fronteras se preguntó “¿Cómo el hecho de filmar un arresto puede considerarse una acción terrorista?”. Asimismo, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, informó: “Atribuir a un periodista un comportamiento delictivo por haber informado sobre hechos de violencia (...) sólo es concebible en sistemas políticos totalitarios”. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, consideró en un comunicado que la aplicación de esta ley es totalmente desproporcionada para el caso de Suárez. Por este motivo, las organizaciones periodísticas mencionadas coincidieron que la aplicación de la ley a Suárez quiere aleccionar al periodismo y convertirse en un “caso testigo”. El abogado del periodista señaló que no hay argumentos jurídicos para aplicar la figura de sedición, y que en todo caso las razones de su procesamiento son de índole política. La Argentina todavía sufre una inflación que ronda entre el 30% y el 40%, un corralito al dólar del gobierno para evitar la fuga de capitales, la caída de reservas del Banco Central y la depreciación del salario.
La ley antiterrorista fue promovida por la Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni que se opuso a la ley opina diferente. El juez destacó que el organismo presionó por la promulgación de la ley para controlar los movimientos financieros del país. También, los políticos opositores y organizaciones sociales destacaron que el término poco preciso de “actos terroristas” usado en la redacción de la ley podría aplicarse a las actividades de organizaciones sociales, periodistas, partidos de la oposición y medios de prensa, como efectivamente está sucediendo.
Las huelgas policiales de noviembre del año pasado fueron las de mayor alcance en la historia de Argentina. Mientras el reclamo de las fuerzas de seguridad se extendía en el país, grupos en motocicletas salían a saquear comercios.
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